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Las organizaciones estiman que desde la sanción de la ley
hasta fines de 2012 se deforestaron
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Los ambientalistas advirtieron que la moratoria a nuevos
permisos de desmontes establecida por Ley de Bosques no fue respetada: según
datos oficiales, durante ese período se deforestaron más de 470.000 hectáreas .
El informe Ley de Bosques: 5 años con pocos avances indica
que “si bien desde la sanción de la
Ley de Bosques el promedio de deforestación anual disminuyó
casi un 20% (pasó de aproximadamente 280.000 a 230.000 hectáreas
al año), el mismo sigue siendo muy elevado: según datos oficiales entre 2008 y
2011 se desmontaron 932.109
hectáreas . Santiago del Estero (399.660 ha ), Salta (222.868 ha ), Formosa (113.109 ha ) y Chaco (102.592 ha ) han sido las
provincias con mayor deforestación”.
Las organizaciones estimaron, en base a información oficial
y de otras organizaciones sociales, que desde la sanción de la ley hasta fines
de 2012 se deforestaron 1.145.044 hectáreas .
Los ambientalistas destacaron que veinte provincias han
realizado el Ordenamiento Territorial de sus Bosques Nativos y los han
refrendado mediante una ley provincial, y que “desde su aprobación en las
provincias de Chaco, Misiones y San Luis la deforestación disminuyó
aproximadamente un 50%”.
Sin embargo, advirtieron que los ordenamientos de Córdoba,
Corrientes y Formosa fueron muy cuestionados por organizaciones sociales e
instituciones académicas por no cumplir varios artículos y criterios de la ley
nacional; mientras que las provincias que aún no los han sancionado mediante
una ley provincial son Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe.
Las organizaciones manifestaron su preocupación porque se
han realizado más desmontes en zonas protegidas por la norma que en aquellas
zonas en las que sí está permitido por la ley: Santiago del Estero (195.001 ha desmontadas
en amarillo y 6.719 ha
en rojo), Salta (31.749 ha
en amarillo y 8.080 ha
en rojo) y Chaco (21.749
ha en amarillo) son los casos más graves.
En ese sentido indicaron que Santiago del Estero, Salta,
Chaco y Córdoba han autorizado desmontes selectivos para ganadería intensiva en
bosques clasificados la
Categoría II – amarillo, lo que resulta violatorio de la
normativa nacional.
“En Santiago del Estero han aumentado los conflictos de
tierras y se han vuelto cada vez más violentos. Muchos están directamente
vinculados con la deforestación. A pesar de esto, no se han realizado
audiencias públicas antes de autorizar desmontes, lo que viola el artículo 26
de la Ley 26.331” , señalaron.
Por su parte, los ambientalistas advirtieron que en la
provincia de Salta se han ejecutado permisos de desmontes otorgados en forma
especulativa antes de la sanción de la
Ley de Bosques, y que muchos de esos desmontes fueron
realizados en zonas protegidas por el Ordenamiento Territorial de Bosques
Nativos, inclusive en los cuatro departamentos donde se habían suspendido los
desmontes por un fallo de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación. Además ,
señalaron que la provincia “ha realizado recategorizaciones prediales cambiando
(a solicitud del titular del predio) la zonificación establecida en el
Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos para autorizar desmontes”.
El informe detalla la constante falta de presupuesto para la
conservación y el uso sustentable de los bosques nativos. En ese sentido, se
indica que en 2013 los fondos serán 10 veces menos que lo establecido por la Ley de Bosques: tan sólo $ 230
millones; cuando debieron haber
alcanzado los $ 2.300 millones. Además, se advierte sobre la falta de
eficiencia y transparencia en la implementación de los recursos que las
provincias han recibido hasta el momento, que tienen una importante
subejecución.
Finalmente las organizaciones ecologistas demandaron
respetar en forma estricta las restricciones a los desmontes establecidas por
los Ordenamientos Territoriales de Bosques Nativos; la realización de
audiencias públicas antes de autorizar desmontes; no autorizar desmontes en
bosques habitados y/o utilizados por campesinos e indígenas; controlar y
castigar fuertemente la deforestación ilegal; y completar e implementar en
forma eficiente y transparente los fondos.
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